Según el presidente de Paraguay, funcionarios de ambos países llamaron al ex líder de las Fuerzas Armadas para que defienda con las armas al destituido Fernando Lugo
Crédito foto: EFE
Al mismo tiempo, se conocieron detalles del papel del Ejército durante la sesión del 22 de junio
El 21 de junio, luego de que la Cámara de Diputados resolviera solicitar a los senadores el juicio de Lugo por el cargo de mal desempeño en sus funciones, unos ocho cancilleres de países miembros de Unasur visitaron a Lugo para apoyarlo durante las horas de crisis política.
Al otro día, cuando el Senado estaba a punto de votar la destitución, los jefes del ejército, armada y aviación fueron convocados por el jefe del gabinete militar Angel Vallovera, quien actuó de nexo entre el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela Nicolás Maduro y los comandantes militares.
Allí Maduro les solicitó que salieran de sus cuarteles para apoyar al gobierno de Lugo, que en esos momentos se derrumbaba irremediablemente y les aseguró que tendrían apoyo internacional, según denunció en conferencia de prensa la nueva ministra de Defensa María Lyz de Arnold, quien especificó que Maduro estuvo acompañado por Julio Prado, embajador de Ecuador en Asunción.
En Paraguay, las fuerzas militares son verticales y no deliberantes. Franco señaló que por esto tuvo que cambiar a los jefes militares, siendo el primer destituido el general Vallovera.
"En ningún caso ellos podían haber tomado contacto con el canciller nacional y mucho menos con cancilleres internacionales. Aquí no vamos a tolerar militares que quieran convertirse en deliberantes o aceptar recomendaciones políticas de países extranjeros", señaló Franco en entrevista.
"Hoy estamos creando la nueva independencia, la independencia de cualquier país extranjero respetando la libre y total autodeterminación de los pueblos", agregó.
Como reacción, algunos legisladores de la Cámara de Diputados apoyaron la elaboración de un proyecto de ley para declarar persona no grata a Maduro por su presunta intromisión en los asuntos internos del país y solicitaron a la fiscalía general del Estado que inicie una investigación para eventualmente imputarlo por violación de tratados internacionales.
